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Por: Norma Mendieta, Cafami

Colectivo por una Migración sin Fronteras

Foto: El Universal

· Analicemos palabras como «ilegal» y «mojado», hasta frases como «seguridad nacional».

El lenguaje inclusivo busca combatir la discriminación, desalentar juicios y conductas basados en percepciones o estereotipos; y evitar que se refuercen las ideas que permiten que se reproduzcan conductas discriminatorias.

En cambio, cuando a cualquier persona, grupo social, situación o problemática se le define desde los juicios de valor, opiniones, percepciones – basadas en el racismo, la xenofobia y la intolerancia – necesariamente se llega a la discriminación y a la negación de derechos.

En el caso de la población migrante, esto es muy claro con las palabras ilegales, mojados, criminales, el hablar de la migración como un asunto de “seguridad nacional”, pues se genera discriminación, imprecisión e incluso consecuencias jurídicas.

El uso del término “ilegales”, utilizado por la población en general, los medios de comunicación y por muchos funcionarios en los distintos niveles de gobierno, es una forma inadecuada de referirse a una situación migratoria irregular, consistente en la falta de documentos que acrediten su entrada y permanencia en un país. Lo que ha llevado a que el propio migrante se considere a sí mismo como un” ilegal”, por el desconocimiento de que existe la portabilidad de derechos que todos y todas tenemos en cualquier parte del mundo, por el solo hecho de ser personas

En los Estados Unidos, país a donde mayoritariamente se dirigen los migrantes tlaxcaltecas, el término ilegal ha sido convenientemente adoptado para justificar que por su “ilegalidad” no son sujetos de derechos; y en

consecuencia, se les somete a condiciones de explotación laboral al percibir salarios extremadamente bajos y mínimas protecciones en sus lugares de trabajo. También a que se les niegan sus derechos humanos más elementales como el acceso a salud; cuando en los hechos, cubren la necesidad de mano de obra que tienen los empresarios estadounidenses en diversas ramas de su economía.

El uso de la palabra ilegal justifica entonces acciones de explotación, pero también que puedan ser tratados por bandas del crimen organizado como mercancías que serán comercializadas y controladas más allá de la migración misma. Desde el reconocimiento de los derechos humanos en tratados internacionales, ninguna persona en sí misma es ilegal, en todo caso son los actos que realiza los que pueden o no, ser un delito.

Por otro lado, al considerar asunto de seguridad nacional el tema de migración por parte de nuestro gobierno y el de los Estados Unidos, se califica entonces a los migrantes como criminales y una amenaza a la seguridad; de quienes hay que protegerse y mantener una actitud no solamente hostil, sino medidas de control enérgicas y permitir discursos de odio.

La denominación de los migrantes como criminales, es el sustento para la aplicación de manera más agresiva de leyes de inmigración para encontrar, detener y deportar a las personas indocumentadas que viven en territorio estadounidense, independientemente si han cometido crímenes graves o no.

En un lenguaje incluyente se debe reconocer los aportes positivos y diversos que hacen los migrantes a nuestro país y a sus comunidades de origen. Tan solo recordemos que el envío de las remesas es una fuente creciente de financiamiento para el gobierno mexicano, las familias y las comunidades; y lo mismo sucede en Tlaxcala, donde las remesas representan el 3.6% del producto interno bruto y el estado ocupa el lugar número 12 en el país por el grado de dependencia de su economía con respecto a las remesas.[1] Y sobre todo, son el sustento para miles de familias que de no recibirlas vivirían en condiciones de pobreza o pobreza extrema como sucede con muchos mexicanos.

El lenguaje incluyente se requiere para tratar a los migrantes deportados no con el estigma de que los deportaron por ser criminales; sino que promueva una integración comunitaria en armonía y respeto lejos de prácticas de

bullying, con miras a eliminar las manifestaciones de discriminación.

Por todo lo ya señalado es indispensable modificar códigos lingüísticos que obstaculizan el ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades para las personas. Para sustituirlas por palabras inclusivas en el lenguaje tan necesarias para eliminar la exclusión de grupos y personas

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